- La asociación denuncia que la Comisión Permanente del CGPJ abrió un expediente disciplinario contra el juez Peinado a instancias del propio Ejecutivo.
- La acción se inscribe en una línea documentada de actuaciones ante instituciones europeas que ya ha obtenido respuesta institucional.
MADRID, 7 DE JULIO DE 2026.- Hazte Oír ha presentado ante el Comisario Europeo de Justicia Michael McGrath y ante la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea un escrito formal exigiendo que el Informe sobre el Estado de Derecho en España de julio de 2026 contenga una recomendación específica y vinculante: que doce de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente por jueces y magistrados, sin intervención política.
El escrito denuncia dos problemas que se alimentan mutuamente.
Por un lado, la composición íntegramente política del CGPJ, resultado del acuerdo de junio de 2024 por el que los veinte vocales fueron distribuidos en cuotas partidistas, en abierta contradicción con los estándares de la Comisión de Venecia, el GRECO y el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por otro lado, el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ del 22 de junio de 2026: el órgano abrió un expediente disciplinario contra el juez Peinado, instructor del caso Begoña, a raíz de una queja del ministro del Interior, eludiendo deliberadamente el precepto legal previsto para el contenido de las resoluciones judiciales. Cuatro de los ocho miembros de la Comisión Permanente suscribieron un voto particular en el que calificaron la actuación de ilegítima.
«Un órgano judicial designado por los partidos, que abre expedientes contra jueces a petición del Gobierno que los nombró. Eso no es independencia judicial: es captura institucional», afirma el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga. «Y la Comisión Europea lo sabe, lo ha documentado y lleva años sin actuar. Eso también tiene que cambiar.»
El escrito se remite asimismo al GRECO, la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa. El GRECO es la organización que con mayor contundencia ha señalado la ausencia de voluntad real del Gobierno de Sánchez para adoptar medidas efectivas contra la corrupción — sus sucesivos informes califican la situación española de «problema crítico», no de mera preocupación menor.
“Los líderes europeos comienzan a ver a Sánchez como lo que es: un peligro público”, afirman desde Hazte Oír. “La presión institucional acumulada, con informes del GRECO, dictámenes de la Comisión de Venecia, debates en el Parlamento Europeo y muchos más elementos, configura un cuadro que ya no admite mirada de reojo desde los organismos internacionales”, concluye Ignacio Arsuaga.
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