- La asociación ha desplegado esta semana acciones simultáneas ante instancias nacionales y europeas contra lo que denomina un golpe de Estado.
- La nueva petición dirigida a la Comisión Europea exige un examen independiente del impacto democrático de la Ley de Nietos, de la regularización masiva y de la manipulación del CERA.
MADRID, 3 DE JULIO DE 2026.- Hazte Oír cierra una semana de ofensiva sin precedentes contra la Ley de Nietos con el registro de una petición formal en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo dirigida a la Comisión Europea.
La asociación exige que las instituciones comunitarias examinen si la acumulación de decisiones del Gobierno en materia de nacionalidad, censo electoral e inmigración compromete los valores democráticos del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.
La petición denuncia tres líneas de actuación del Gobierno que convergen en un mismo objetivo: la alteración estructural y opaca del cuerpo electoral español. La aplicación de la Ley de Nietos mediante una instrucción administrativa que creó una presunción de exilio no prevista en la norma ha disparado el CERA un 16,1% en menos de tres años, sumando 375.027 nuevos electores. La adscripción de esos electores se hace mediante un formulario autodeclarativo que no exige vínculo municipal real. Y todo ello se une a la regularización masiva de más de 750.000 personas mediante real decreto, una norma que el propio Ministerio del Interior advirtió por escrito que era contraria al Derecho de la Unión antes de su aprobación — advertencia que el Gobierno despachó con un lacónico «No se acepta».»
Esta nueva acción se acompaña de una denuncia ante la Comisión Europea, complementando así otras acciones ya llevadas a cabo ante otros organismos comunitarios. Para el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, «cuando el Partido Socialista no puede ganar en las urnas, cambia las urnas. Hazte Oír no lo va a permitir. Esto supone un auténtico Golpe de Estado.»
«El PSOE, cercado por la corrupción, busca fabricarse el electorado que las urnas le niegan», señala Arsuaga. Esta acción culmina una semana en la que la asociación también ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Central con solicitud de medidas cautelares, ha activado dos recogidas de firmas ciudadanas (“Exige a la Junta Electoral Central que frene el pucherazo de Sánchez” y “Paremos juntos el plan de Sánchez para fabricar votantes y mantenerse en el poder“) y ha interpuesto una querella contra Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en el momento de firmar la instrucción que fabricó la presunción de exilio.
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